Agricultura: ¿Y después
de la emergencia?
Efraín
Gómez Pereira
La
actividad agropecuaria, en especial la agricultura familiar, ha sido ninguneada
por el gobierno en la emergencia declarada a causa de la pandemia mundial.
Gremios, organizaciones, académicos, estudiosos, analistas, prensa
especializada; presionaron desde diversos flancos para hacerla visible; y, al
parecer, lo consiguieron.
El
ministerio de Agricultura y Riego, llamado a implementar los mecanismos
adecuados que eviten la tragedia que se advierte en el sector, reaccionó a
pasos lentos, casi obligado y anunció el destino de 600 millones de soles,
aunque maquillados, para financiar la actividad productiva que en la emergencia
está abasteciendo –sigue abasteciendo - de alimentos a los peruanos.
Pero
lo más asombroso visto es que el propio gobierno reconoce, a través del DU 041,
que la cosa sí se avizora muy seria y no tan llevadera, como infelizmente
declaró el titular del Minagri.
“En
este contexto de emergencia nacional por la pandemia del Covid19, la crisis
también afecta, especialmente a pequeños agricultores que son parte de la
agricultura familiar, los cuales no tienen acceso a la banca, a los sistemas
financieros, no son usuarios de los programas sociales del Estado, porque con
su trabajo diario se sostienen y obtienen beneficios a través de la producción
de sus cultivos”, señala.
“De
no implementarse medidas de recuperación de la actividad productiva ante la
caída de los ingresos de los agricultores en el primer semestre y durante el
año 2020, podríamos entrar en una crisis económica en el sector agropecuario”,
advierte el gobierno, al anunciar 150 millones de soles para “el mantenimiento
de infraestructura hídrica a través de Núcleos Ejecutores”, con la finalidad de
“promover la reactivación de la economía en el Sector Agricultura y Riego”.
A
esto se suma la “reorganización” del fondo AgroPerú, brindando facilidades a
quienes tienen créditos de esa fuente; y el “bono rural” de 760 soles para un
millón de familias, que no necesariamente son productores agropecuarios. Lo de
los “mercados itinerantes” ya pasa al anecdotario.
¿Esta
es la estrategia del gobierno para atender a un sector prioritario de la vida
nacional? Debemos entender que no. Y así lo advierten los gremios, los
productores agropecuarios, que esperan otras medidas, otras acciones más
importantes y de sostenible proyección.
La
agricultura familiar, requiere mecanismos urgentes para atender la actual
cosecha y proyectar la próxima campaña agrícola, y eso no se hace con
paliativos, sino con medidas de largo alcance, con decisiones políticas que
tienen sus riesgos, ampliamente justificables.
Conveagro
y la Junta de Usuarios de Riego, han hecho llegar planteamientos puntuales al
gobierno, para afrontar la emergencia. Lo urgente es atender la cosecha y la
comercialización, aplicando protocolos sanitarios para toda la cadena
productiva, bono productivo para costear temporalmente el sostenimiento de los
cultivos y crianzas, compra de productos agrícolas para las canastas de apoyo
social; facilidades en la movilización de los productores en todo el proceso,
etc.
Una
vez pasada la emergencia cuarentenaria, vendrá la necesidad de hacer viables
las propuestas de quienes conocen el campo desde sus entrañas: los productores.
Para ello, insistimos, es apremiante decisión política. La advertencia hecha
desde los gremios ha sido confirmada por el gobierno que afirma “Se tienen que
adoptar medidas económico financieras que ayuden aminorar la crisis económica
interna… medidas que, de no adoptarse, podrían afectar la economía nacional de
la agricultura”.
Si
la banca tendrá acceso a S/ 30 mil millones para “ayudar” a los pequeños
empresarios, entre ellos agroexportadores, con créditos garantizados por el
Estado, a través del plan Reactiva Perú; la agricultura familiar -esa que lleva
a las mesas peruanas el 70% de los alimentos que consumimos, plantea la
creación de un Programa de Salvataje por S/ 5 mil millones. Es una demanda que
debe ser atendida.
Este
monto, cargado al fondo AgroPerú, sería entregado como créditos a pequeños
productores y organizaciones asociativas, a través de Agrobanco y las
ventanillas del Banco de la Nación, a una tasa de interés de 3% anual. El objetivo
es garantizar la instalación, mantenimiento, cosecha y comercialización de
productos y crianzas. La propuesta aspira financiar hasta cinco hectáreas de
cultivos o su equivalente para crianza y saca de ganado, capitalizando al
pequeño productor agropecuario.
Se
trata de un mecanismo inusual obligado por la actual circunstancia, que debe ir
en paralelo a las propias acciones del gobierno central y regionales, en
implementar acciones y garantías, como el seguro agrario obligatorio, para el
desarrollo de la actividad agropecuaria que involucra a la tercera parte de la
población nacional, y que en el área rural, incluye a los pobres y pobres
extremos, que apenas pellizcan algo de los programas sociales, muchos de los
cuales navegan en mares de corruptelas que deben ser erradicadas.
