Hambruna después de la pandemia?

¿Hambruna después de la pandemia?

Efraín Gómez Pereira

Hay honda preocupación por la etapa “post COVID-19”, en diferentes instancias ligadas al sector agropecuario. A nivel global, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ha recomendado que la agricultura, soporte de la producción de alimentos, se declare como una actividad estratégica de interés público nacional.

Advierte, para el caso de América Latina y El Caribe, que los efectos de la pandemia incrementarán el hambre y la pobreza en la región.

En el mismo tono de advertencia, Mark Lowcock, secretario general adjunto de ONU para Asuntos Humanitarios, afirma que la economía global se reduciría este año al menos en 3%, lo que le daría un golpe directo a las exportaciones de productos básicos (agropecuarios), las remesas y el turismo, sectores de los que muchos países pobres dependen. 

El porcentaje de la población mundial en pobreza extrema, se incrementará por primera vez en 30 años. De los cálculos de principios del año, estimados que 130 millones de personas estarían en riesgo de inanición, después de la pandemia serán 265 millones, lo que podría propiciar hambrunas masivas.

En Perú, las expectativas oficiales para el sector van en la misma ruta. “Las proyecciones del PBI agropecuario tienen un escenario alarmante”, dice el gobierno basado en estudios del instituto Apoyo, que estima que el crecimiento económico del valor bruto de la producción de la actividad agropecuaria sería de -2,1% para el año 2020, de la actividad agrícola de -2,3% y de la actividad pecuaria de -1,9%. 

El propio Ministerio de Agricultura y Riego, calcula que “las pérdidas en el sector serían, a fin de año, de 1,611 millones, que impactarán, sobre todo, en el pequeño productor”, por lo que se hace necesario implementar medidas de recuperación de la actividad productiva, para evitar se entre en una crisis económica en el sector agropecuario.

Ante esta realidad, los gremios de CONVEAGRO han planteado entre otras demandas, un bono productivo para la emergencia, sin respuesta; un fondo de salvataje por S/ 5 mil millones, sin respuesta. 

El presidente de la Junta Nacional de Usuarios, Carlos Ravines, expresa su preocupación con esta frase: “No esperemos que esta crisis sanitaria se convierta en una crisis alimentaria”, al advertir que la desatención puede generar más riesgos de los esperados.

El gobierno ha dispuesto medidas económicas, orientadas a atender las preocupaciones del sector productivo en su conjunto las que, sin embargo, colisionan contra las reales necesidades del campo. Estas no atienden las demandas planteadas por los gremios y organizaciones agrarias, y más bien se abusa del viejo mecanismo burocrático, de sumar todo lo existente para decir “aquí hay algo nuevo”.

El fondo AgroPerú, destina para pequeños agricultores, un primer programa de financiamiento, por S/ 250 millones, para las próximas tres campañas agrícolas. Es decir, S/ 83 millones por campaña y que atenderá a 40 mil productores, lo que es nada en el escenario nacional. La agricultura que produce para las mesas peruanas está conformada por 2.2 millones de unidades productivas. Esa es la realidad.

Se ha destinado S/ 150 millones para rehabilitar canales de riego, en el concepto de promover la reactivación económica del sector. Agrobanco ha refinanciado deudas de sus escasos clientes. Los mercados itinerantes del Minagri, siguen promoviendo la interacción de intermediarios en nombre de los productores. 

Lo más novedoso y “altamente rentable” del apoyo estatal al agro fue el frívolo y marketero “matrimonio de la papa con el pollo a la brasa”, en lugar de disponer medidas de política agraria sostenible no solo para el tubérculo, que lo necesita, sino para todo el sector.

Desde la otra orilla, los agroexportadores sonríen porque a pesar de ser época de vacas flacas, siguen teniendo lomo y  bife a la carta. Bien por ellos.

Según la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), al primer trimestre, con pandemia de por medio, las agroexportaciones crecieron en 8%, por el envío de uva, mango, palta, espárrago, cítricos y ajo fresco. Y estos no son precisamente productos de la canasta alimentaria nacional, mucho menos de la agricultura familiar.

La gran empresa, donde están los agroexportadores, se viene beneficiando, de manera directa y ventajosa, con los créditos subsidiados que el Estado ha destinado a través del programa Reactiva Perú, con S/ 30 mil millones.

Según el portal Ojo Público, “entre las beneficiadas están las compañías con ingresos anuales superiores a los S/60 millones que recibieron el 36% de los créditos. Medianas y Pequeñas empresas (Pymes) alcanzaron el 51% de los préstamos, las Micro y Pequeñas empresas (Mypes) solo 11%, y los negocios que pidieron S/30 mil para sobrevivir apenas recibieron el 0,8%”. ¿Reactiva Perú, o Rifa con número marcado?

 

Para evitar lo previsible, el gobierno debe escuchar, no solo a los burócratas y estudiosos que hacen las normas y programas, muchos de ellos irreales; sino también a quienes conocen el campo, a quienes viven de su conexión con la tierra, con la producción y el mercado, y son los responsables de llevar el 70% de los productos alimenticios que los peruanos consumimos día a día. Ahí están las plataformas de CONVEAGRO y sus gremios, de la Junta de Usuarios y de otros. 

Pensar y proyectar, además, que esta crisis alimentaria que se vislumbra para el mundo después de la emergencia, se convierta en un gran filón de oportunidad para la producción planificada de alimentos en el Perú. Tenemos una enorme ventaja con nuestra biodiversidad. La decisión está en el gobierno.

Hay protocolos COVID-19 para las áreas rurales?

¿Hay protocolos COVID-19, para el medio rural?

Escribe, Efraín Gómez Pereira

La aparición de cuatro casos de COVID-19, en dos días, en el distrito de Lambrama, en Abancay, ha puesto en prueba a una población campesina que, en esta época del año, se apresta a realizar labores de cosecha de maíz y papa, con cuya escasa y ajustada producción asegura su subsistencia, en clima de pobreza y pobreza extrema.

La época es tradicionalmente importante para los lambraminos, porque además de buscar los alimentos que serán almacenados para el sustento familiar del resto del año, es ocasión para el ancestral wakamarkay, que permite a los lugareños identificar a sus animales de crianza, vacunos y equinos, en jornadas de convocatoria masiva de comuneros. La situación actual de pandemia, obliga a mirar con mucha atención el desarrollo de estas actividades productivas y costumbristas.

Esta inusual y no deseada situación, también permite descubrir que así como los lambraminos, mayoritariamente campesinos dedicados a la pequeña agricultura y ganadería de subsistencia, de crianza casi artesanal; los pobladores de las áreas rurales del país no tienen a qué protocolos de bioseguridad, vigilancia, prevención y control aferrarse, para hacer frente al letal virus.

Sucede que la andanada de decretos y resoluciones emitidos para encarar al COVID-19, para promover el “reinicio de actividades” o para fomentar la “reactivación económica”, soslaya temerariamente a la población rural a la que nos referimos. Los productores de menor escala, que realizan actividades agropecuarias solo para su consumo familiar, no cuentan en estos protocolos.

Al disponer los “Protocolos para actividades del Sector Agricultura y Riego”, el gobierno sostiene que este “aporta al crecimiento económico, a la seguridad alimentaria y a la reducción de la pobreza rural en el Perú, al coadyuvar con singular importancia en el empleo directo y la generación de ingresos, dado que el sector reviste de alta importancia en el proceso de reactivación económica del país…”

Sin embargo, dicta recomendaciones y disposiciones de corte universal, destinadas o dirigidas a la realidad de empresas grandes, formalmente establecidas que sí pueden adecuar sus acciones a las exigencias y rigores que se hacen necesarias; y a las que los pobladores rurales, los agricultores de subsistencia, difícilmente podrán acomodarse. 

Al determinar las responsabilidades, a pesar que advierte que los productores agrícolas individuales no elaboran plan alguno para la vigilancia, prevención y control del COVID-19; sin embargo, precisa que son responsables de acatar las medidas dictadas. Por cierto, como para empleados, operarios de máquinas, personal con uniforme, con equipos de protección, con horarios de trabajo, etc.

Entre otras exigencias universales, además del lavado de manos, cuidados al estornudar o toser, distanciamiento, etc., recomienda botar a la basura los pañuelos desechables que haya utilizado.

Incluye en esta normativa la necesidad de comunicarse con el 113, en caso haya evidencia de “síntomas leves (tos, dolor de garganta y fiebre)”. Y prosigue, “ante la presencia de síntomas severos (dificultad respiratoria y fiebre alta), comuníquese al 113”. El tan mentado y difícil de contactar 113, que a muchos citadinos habrá causado, por lo menos, dolor de cabeza.

Asimismo pide “usar ropa exclusiva para las labores en el campo y mantenerla fuera del hogar”, además de las “mascarillas y guantes, que luego se debe desechar en el tacho de basura”.

La lectura de estas obligaciones nos lleva a la necesidad de advertir que la mayoría de campesinos, pobladores rurales, por la particularidad de su modo de vida, rayada mayormente en la pobreza, está lejos de estos recursos citadinos recomendados. Sus prioridades son otras, más humanas, más reales.

Es la evidencia de un trabajo de escritorio, sin conocimiento de la realidad del medio rural, de nuestra dura y dramática realidad. Pedir el uso de papel desechable, mascarillas y guantes descartables, ropa de trabajo exclusiva, etc., choca brutalmente con la realidad del campo. Por solo citar un caso, el campesino rural muchas veces apenas tiene una muda de ropa para el uso de todos los días. El rigor de su realidad, el peso de su pobreza.

Para quienes diseñaron estas medidas de protocolo, se trata de un mundo irreal, desconocido que no consideran las costumbres y tradiciones arraigadas en las poblaciones. En el caso de Lambrama, las actividades programadas año a año, son parte de su vida diaria, de su cultura vigente. En ese sentido, no dicen nada los protocolos para el reinicio de estas “actividades productivas” como la cosecha de maíz y papa o el wakamarkay, en comunidades campesinas o centros poblados rurales. Ambas van de la mano, desde siempre.

Hay que saber que los campesinos, los agricultores rurales, realizan sus actividades productivas de manera programada, organizada y zonificada. No improvisan. Las cosechas avanzan en los valles y punas de manera progresiva en las que participan todos los comuneros, en una especie de resurgimiento de la ancestral minka.

Tras la cosecha, se aprovecha la rica acumulación de desechos vegetales, como la chala y pastos, que se convierten en alimento especial para los rebaños de vacunos y recuas de equinos, que para esta época, bajan de las punas en cantidades considerables.

También, en ambiente popular, festivo y masivo se realiza el wakamarkay, que consiste en señalizar a los becerros y terneros, así como a los potrillos, con sellos de hierro candente en las ancas. Señal imborrable de identificación y propiedad.

Para estas actividades tan adentradas en el espíritu comunal, en la vida en común de los pobladores rurales, de los lambraminos, no hay protocolos. ¿Cómo decirles que esta vez será diferente?

Enorme tarea para las autoridades locales, alcaldes, subprefectos, presidentes comunales, personal de salud, para que entendiendo la dureza del momento, en el que debe prevalecer el valor de la vida y la salud, se fijen mecanismos que permitan la realización de las cosechas y wakamarkay.

La municipalidad de Lambrama, ha coordinado con las 19 comunidades del distrito, la programación de cosechas de manera organizada, evitando se crucen unas con otras, bajo esquemas de control y rigor en las que debe predominar la autoridad, a través de los presidentes comunales y seguridad ciudadana, que vigilarán y acompañarán el desarrollo de las actividades en ambiente de tranquilidad y seguridad; evitando desbordes que son comunes en estas jornadas.

Las cosechas aseguran el alimento para los meses siguientes, que debido a la situación actual será crítica y más aún para poblados rurales y pobres. El wakamarkay, asegura la propiedad sobre el animal, que se convierte en un elemento vivo que garantiza recursos para épocas de necesidad apremiante.

Los protocolos señalados para la gran agricultura, deben ser traducidos, adecuados a la realidad del medio rural, con las mismas exigencias pero con otras estrategias y mecanismos. Las autoridades locales, comunales y sanitarias tienen una elevada responsabilidad para afrontar esta situación.

Entre tanto, la población debe asumir su compromiso de acatar las medidas de prevención y contención, a fin de evitar que el virus se siga extendiendo en esas áreas, donde a causa de la precariedad de los establecimientos de salud, puede encontrar un espacio fácil de contagio y posterior e inevitable dolor.  

Encomiendas lambraminas: de la cosecha a Lima

Encomiendas lambraminas: De la cosecha a Lima

Escribe, Efraín Gómez Pereira

Una original y humana forma de apoyar a los provincianos que pasan dificultades en Lima, a causa de la cuarentena por el coronavirus.

Lambrama, es un distrito abanquino de 5,500 habitantes. En el Mapa de la Pobreza está clasificado como “pobre no extremo”. Se trata de un distrito, de 19 comunidades, con elevados niveles de desnutrición y anemia infantil; señal evidente de que la cosa no es fácil para los lambraminos. Más aun en épocas de coronavirus.

A pesar de ello, en la última semana los comuneros y dirigentes comunales de ese pequeño pueblo serrano, se dieron maña para rememorar viejas costumbres de sus ancestros y poner en marcha el envío de las famosas “encomiendas” a sus hijos y familiares que las ven difícil en Lima y otras ciudades de la costa centro, Cañete, Ica, Nazca.

En la sierra sur es época de cosecha. En la pobreza de los lambraminos hay, sin embargo, abundancia de choclos de maíz amiláceo, papas nativas, ollucos y mashua. También quesos, charqui y chuño. Y en Lima, algunos lambraminos residentes no tienen abundancia de nada sino de esperanzas. Ambas abundancias hicieron humana coincidencia.

En un acto humanitario, los naturales de Lambrama, se organizaron familia por familia, comunidad por comunidad, para apoyar con productos recién cosechados a sus paisanos que han formado familia en la ciudad capital y donde, a causa de la emergencia generada por la pandemia, afrontan dificultades, como muchos peruanos.

Edgar Estrada Flores, ex presidente de la comunidad campesina de Lambrama, gestor de esta iniciativa, afirma que “hay carencias entre nuestras familias, muchos de las cuales viven en asentamientos humanos, pueblos jóvenes y distritos populosos. Para apoyarlos nos hemos organizado, comunidad por comunidad, acopiando papa, olluco, choclo, cebada, yerbas, hojas de eucalipto, queso, charqui, cuyes, canchita y enviarlos directamente a cada una de las familias”.

Las familias de las comunidades campesinas, recolectaron sacos y sacos de alimentos frescos y procesados artesanalmente. Desde la plaza del pueblo, el traslado de los productos se hizo en un camión privado cuyo flete fue pagado por los familiares, de acuerdo al peso correspondiente.

Los sacos y bolsas de alimentos se entregaron de manera coordinada en diferentes puntos identificados en Nazca, Ica y Cañete; y, en Lima, en lugares definidos de Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, El Agustino, Comas y Jicamarca.

La logística de distribución en los puntos de llegada fue coordinada por Henry Flores Gamarra, a través de su fan page Integración Lambrama, que estuvo muy activo en estas últimas semanas.

En Villa Salvador la responsabilidad de lugar y entrega recayó en Dionisio Chipana; en San Juan de Miraflores, Flora Yupanqui Pumapillo; en El Agustino, Bacilia Gamarra Camacho; en Jicamarca, Zoilo Gamarra Espinoza; en Comas, Alipio Mendoza. Las organizaciones sociales distritales afincadas en Lima, sin mucho alboroto, hacen las cosas más fáciles, dejando lecciones que asimilar.

Las redes sociales y el teléfono móvil fueron cruciales inclusive para casos difíciles, como el de la señora Francisca Ñahui Sánchez, quien no daba señales de su paradero en San Bartolo, a la hora acordada. Al final, luego de superar contratiempos, sus familiares la pudieron ubicar a través del teléfono desde la comunidad de Kera, y Francisca recibió sus papitas nativas y sus choclos.

Las reacciones de los “limeños” fueron de agradecimiento al gesto comunitario de sus familiares. Muchos publicaron orgullosos fotografías de sus alacenas llenas de papas negras nativas, mesas servidas con choclos y queso cachicurpa, llegados desde Lambrama, en bolsas de encomienda, como en los viejos tiempos.

El municipio también apoyará

En esta primera experiencia de encomiendas no participó el municipio distrital. El alcalde del distrito Hilario Saldívar Taipe, anunció que en esta época de cosecha, el municipio organizará por lo menos el envío de dos cargamentos de alimentos a Lima y otras ciudades, en coordinación con las comunidades y familias, así como con las organizaciones sociales que representan a los residentes de Lambrama en la ciudad capital.

Están organizando cosechas por grupos, cumpliendo los protocolos de salud y distanciamiento exigidos. “No queremos improvisar ni apresurarnos. Los almacenes deben estar desinfectados, al igual que los envases para los despachos. Debemos evitar que las encomiendas se queden en los almacenes de llegada sin que los beneficiarios las recojan a tiempo”.

Así mismo, el municipio distrital, de la mano con el gobierno Regional de Apurímac, viene apoyando el retorno de lambraminos en situación de vulnerabilidad que se encuentran en otras ciudades. Ya cumplieron con el traslado de un primer grupo de 15 personas, procedentes de Cusco, Espinar, Puerto Maldonado a Ica. Todos han pasado la cuarentena obligatoria y los controles médicos.

En la comunidad de Siusay, atendieron a cinco retornantes para quienes se construyeron módulos de vivienda y silos secos, en el estadio del pueblo. Ellos han recibido la atención de la Dirección Regional de Salud y del municipio distrital en su alimentación y ya están listos para reintegrarse a su pueblo, a sus actividades, a sus familias.

Coronavirus y centros poblados rurales

De urgente prioridad:

PROTEGER DEL CORONAVIRUS A LOS CENTROS POBLADOS RURALES

Escriben: Efraín Gómez Pereira (*) y Raúl Hopkins Larrea (**)

Un simple ejercicio a través de las redes sociales para responder “¿Qué almorzaste hoy?” en un día cualquiera de la actual cuarentena, confirma la importancia de la agricultura para la vida nacional. Papa, ají, verduras, trigo, arroz, carne, pollo, cebolla, aceituna, huacatay, zapallo, tomate, hongos, leche, queso son los productos mencionados. Esto ratifica, que gran parte de los alimentos de ayer, los de hoy y los de mañana, proceden del campo. Quienes las producen son, en gran medida, pequeños productores agropecuarios y pobladores rurales, que aún no están siendo tomados en cuenta, de manera suficiente, en la actual lucha contra el coronavirus, pese a lo vulnerables que son.

En nuestro país hay más de dos millones de unidades familiares dedicadas a la producción de alimentos. La agricultura familiar cultiva alrededor del 82% de las tierras dedicadas a leguminosas, el 76% a tubérculos, el 74% a cereales, el 72% a hortalizas y el 63% a frutas[1], además de contribuir al mantenimiento de los recursos naturales (agua y tierra) y al desarrollo de la biodiversidad. Esto la convierte en la garante de la seguridad nutricional a nivel nacional.

El coronavirus y su efecto en las áreas rurales

En su fase inicial el COVID-19 ha tenido su impacto principal en las grandes ciudades. Lima Metropolitana y el Callao concentran actualmente 78% del total de casos, pero a medida que transcurre el tiempo la infección se va diseminando a todo lo largo y ancho del territorio. Como ha sucedido en otros países, las áreas rurales son afectadas primero por casos individuales, a menudo anecdóticos, pero este efecto es cada vez mayor, y su impacto puede ser devastador por la fragilidad de los sistemas de salud en dichas áreas. En el mediano y largo plazo la población rural y la producción agropecuaria, de la cual dependemos, pueden ser sustancialmente afectadas.

En el cuadro adjunto se muestra cómo se distribuyen los centros poblados del país por región natural (según piso altitudinal). En total son 94,922 centros poblados. La mayor parte de ellos se concentran en tres regiones: Quechua, Suni y Puna, que van desde los 2,300 a los 4,800 metros sobre el nivel del mar. Son más de 65,000 centros poblados donde residen cerca de 8 millones de peruanos que representan el 26.7% de la población total del país. Es, en buena parte de ellos, –llámense caseríos, pueblos, estancias, comunidades- donde residen gran parte de los pequeños productores agropecuarios que abastecen a las pequeñas y grandes ciudades. El gran desafío de la política económica y social en un país como el Perú, es cómo llegar a un número tan vasto y disperso de poblaciones, con medidas y decisiones sostenibles; en este caso, más allá de la emergencia por el coronavirus.

   

Diversos estudios han demostrado que el poblador rural desarrolla múltiples actividades productivas y económicas. Además de las labores agrícolas y pecuarias, producen artesanía, migran estacionalmente a complementar sus ingresos con empleos manuales temporales. Parte de estos movimientos demográficos se dan dentro del área rural, pero una parte significativa y creciente se dirige hacia y desde las grandes ciudades. De esta manera es comprensible el proceso de diseminación que ha tenido el coronavirus. En las dos primeras semanas, a partir del 6 de marzo, las infecciones se concentraban en Lima y algunos departamentos, pero gradualmente se ha ido extendiendo al resto de país.

Es previsible que este proceso crezca sustancialmente a medida que la crisis se agudice en las ciudades, por tres razones: (i) hay actividades directamente afectadas por la cuarentena, cuyo efecto continuará aun cuando ésta sea levantada (restaurantes, comercio, turismo, minería); (ii) las medidas de compensación, a través de bonos, dispuestas por el gobierno tienen un alcance parcial debido a la magnitud del empleo informal y porque contemplan marginalmente al sector de independientes que no tienen CTS ni AFP; (iii) se ha ido desarrollando un sentimiento de inseguridad asociado a la crisis, cuya magnitud y efectos aún no han sido analizados.

Como producto de estos tres factores, son previsibles movimientos de la población (temporales o permanentes) hacia las áreas rurales. Como el coronavirus se transmite por personas asintomáticas, este movimiento de la población ocasionará la expansión de la pandemia hacia los centros poblados, que será muy difícil o imposible de atender debido a la fragilidad o inexistencia de sistemas de salud adecuados en las áreas rurales. El impacto en términos de vidas humanas y en la actividad económica será enorme.

¿Qué hacer?

Para afrontar este drama se propone (i) que el gobierno desarrolle una campaña masiva de comunicación adaptando el mensaje “quédate en casa” a las características específicas de las áreas rurales; (ii) lanzar mensajes de prevención y atención a través de los municipios, postas de salud, comités de autodefensa, emisoras locales, dirigencias comunales; (iii) desarrollar un protocolo de movilización, para que los visitantes a las comunidades (incluyendo familiares) guarden el debido proceso de cuarentena; (iv) coordinación permanente entre municipios, juntas y comisiones de regantes, organismos no gubernamentales, para ejecutar un plan local de defensa y protección con la presencia de equipos itinerantes del sector Salud, para el despistaje de casos; (v) buscar la participación de las empresas mineras, en los ámbitos geográficos correspondientes para financiar personal, equipos e infraestructura de salud necesarios.

Los gobiernos Regionales y Locales, que tienen presupuestos destinados para esta emergencia, deben ampliar su foco hacia el sector rural, donde está concentrado el mayor porcentaje de pobres y pobres extremos y que, por esa misma razón, están en seria desventaja para afrontar, no solo la cuarentena, sino sus consecuencias, que son significativas.

(*) Periodista Agrario

(**) Profesor de CENTRUM PUCP

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[1] Instituto Crecer (2019), Agricultura familiar y pobreza rural. Gestión, 7/03/2019.

El retorno y el miedo

El retorno y el miedo al coronavirus

Escrito por Efraín Gómez Pereira

Lo que el periodismo oculta adrede, las redes sociales lo viralizan sin máscaras. Así nos enteramos de las compras corruptas a cargo de los altos mandos policiales; de las mascarillas y respiradores pago adelantado que no llegan al Minsa; de las suculentas compras de carnicería para la mesa presidencial.

En esta pandemia “todos somos afectados por igual” se grita reclamando responsabilidad a la población.

Por eso, muchos, miles o millones, se quedan en casa porque tienen la despensa llena, como el inquilino de la casa de Pizarro o los otros que a diario postean fotos de sus antojos o experiencias culinarias con insultante presencia de carnes, vinos y otras delicias.

¿Que todos somos afectados por igual? No. Hay algunos que están haciendo fiesta en esta emergencia con ingresos manchados de corruptela. No solo policías. Ojalá en su momento se descubra que también hay alcaldes, gobernadores, ministros que deberán ser sancionados de manera ejemplar.

En esta emergencia que “nos afecta a todos por igual” muchos ajustan los cinturones para aguantar como sea. Otros se ven precisados a otorgar licencia laboral perfecta, con la esperanza de reabrir el negocio cuando pase la tempestad. Muchos más ya quebraron sin poder abrir sus pequeños negocios o no poder armar su carretilla de baratijas que le daba el pan de cada día.

Hay profesionales independientes de todas las órdenes, taxistas, vendedores, pequeños empresarios, informales, que se las buscaban en el día a día. No tuvieron acceso a los bonos, ni CTS, ni AFP. ¿Todavía tendrán ahorros para seguir afrontando la obligada encerrona?

En todos estos segmentos “afectados por igual”, hay provincianos que han optado por mirar a su tierra de origen, como tabla salvadora a la actual crisis, que se acentuará dramáticamente más adelante.

En Lima, como micro empresario familiar, como empleado a medio tiempo, como agente de seguridad, como vendedor ambulante, como inquilino precario en un distrito populoso o en un pueblo joven, o “propietario” de una estera en los arenales o los cerros, no les va bien; les va peor que a todos los que somos “afectados por igual”.

Parte de estos compatriotas se han organizado para un retorno, clamando ayuda del estado. No fueron escuchados. Tuvieron que publicarse fotos y videos testimoniales de sus penurias en la carretera central, en la Panamericana Norte y Sur, en las inmediaciones al Grupo Aéreo Número 8, para descubrir que no eran 20 o 30 los “irresponsables” que han roto la cuarentena o desafiado el toque de queda; sino miles de peruanos, con niños y ancianos, con sus mochilas, maletas y bultos que consignan sus pobrezas o sus “riquezas”.

Ante esta dura realidad, el gobierno se vio precisado mediante el DS 068-2020-PCM, “urgentemente facilitar su retorno de manera excepcional, por razones humanitarias y previa coordinación con los gobiernos regionales; garantizando que se cumplan las condiciones de salud y seguridad establecidas para su traslado y el aislamiento social obligatorio correspondiente en los lugares de destino”.

Así se viene desarrollando un “éxodo” jamás imaginado. Ya no es del campo a la ciudad, sino al revés. Tema para los sociólogos y oenegés que vivirán estudiando, analizando esto por mucho tiempo.

Hay más de 170 mil registrados para el retorno humanitario con ayuda estatal. Muchos lograrán su objetivo y, estoy seguro, que apenas salga la luz de la esperanza pos coronavirus, regresarán a su querida Lima y sus “comodidades”, ávidos de contar sus extraordinarias experiencias provincianas entre polladas y cheladas. Así somos los peruanos. ¿Así somos?

Entre tanto, se debe implementar con extremo rigor los protocolos dispuestos para este retorno humanitario.

El caso de Apurímac es por demás notorio. El gobierno regional, en coordinación con el Comando Covid-19, ha dispuesto, hasta donde sabemos, todas las acciones necesarias para que el retorno humanitario no se convierta en un vehículo de diseminación masiva del virus. Crucemos dedos y que no sea así.

Sin embargo, nada garantiza que de los 697 primeros “retornantes” que permanecen en cuarentena en hoteles de Abancay y Andahuaylas, donde reciben alimentos y chequeo médico; se escape, se fugue o se filtre uno solo hacia un distrito o centro poblado; sin mostrar evidencia del mal y resulte siendo un trasmisor.

Para este riesgo, se debe disponer estrategias de contención y prevención de estricto cumplimiento en los distritos y centros poblados de llegada final.

Las autoridades locales tienen una elevada responsabilidad. Sin el ánimo de discriminar a sus propios paisanos, deben exigir el acatamiento riguroso de todas las medidas de control y salud dispuestas. La vida de la comunidad está en juego.

Y hay que saber que en los distritos, centros poblados y anexos, hasta donde llegarán estos “retornantes”, los centros de salud o postas existentes, no ofrecen las mejores condiciones en personal especializado e infraestructura. Peor aún para un tema tan complejo como la pandemia.

La capacidad hotelera en Apurímac es para 1200 personas, y la demanda de retornantes es de 13400. Para ello, el gobierno regional tendrá que optar por habilitar colegios, coliseos, campos deportivos, estadios como centros temporales de refugio cuarentenario, y eso tiene su costo y cuyo manejo debe ser cuidadoso para evitar las malas acciones como se ve en otras regiones o instituciones públicas.

Según el portal Ojo Público, el registro de personas para el retorno ubica a Piura 23 mil; Lambayeque 11500; La Libertad, 19 mil; Cusco 16670; Huánuco, 10 mil; San Martín 10 mil, entre otras.

Agricultura y después de la emergencia

Agricultura: ¿Y después de la emergencia?

Efraín Gómez Pereira

La actividad agropecuaria, en especial la agricultura familiar, ha sido ninguneada por el gobierno en la emergencia declarada a causa de la pandemia mundial. Gremios, organizaciones, académicos, estudiosos, analistas, prensa especializada; presionaron desde diversos flancos para hacerla visible; y, al parecer, lo consiguieron.

El ministerio de Agricultura y Riego, llamado a implementar los mecanismos adecuados que eviten la tragedia que se advierte en el sector, reaccionó a pasos lentos, casi obligado y anunció el destino de 600 millones de soles, aunque maquillados, para financiar la actividad productiva que en la emergencia está abasteciendo –sigue abasteciendo - de alimentos a los peruanos.

Pero lo más asombroso visto es que el propio gobierno reconoce, a través del DU 041, que la cosa sí se avizora muy seria y no tan llevadera, como infelizmente declaró el titular del Minagri.

“En este contexto de emergencia nacional por la pandemia del Covid19, la crisis también afecta, especialmente a pequeños agricultores que son parte de la agricultura familiar, los cuales no tienen acceso a la banca, a los sistemas financieros, no son usuarios de los programas sociales del Estado, porque con su trabajo diario se sostienen y obtienen beneficios a través de la producción de sus cultivos”, señala.

“De no implementarse medidas de recuperación de la actividad productiva ante la caída de los ingresos de los agricultores en el primer semestre y durante el año 2020, podríamos entrar en una crisis económica en el sector agropecuario”, advierte el gobierno, al anunciar 150 millones de soles para “el mantenimiento de infraestructura hídrica a través de Núcleos Ejecutores”, con la finalidad de “promover la reactivación de la economía en el Sector Agricultura y Riego”.

A esto se suma la “reorganización” del fondo AgroPerú, brindando facilidades a quienes tienen créditos de esa fuente; y el “bono rural” de 760 soles para un millón de familias, que no necesariamente son productores agropecuarios. Lo de los “mercados itinerantes” ya pasa al anecdotario.

¿Esta es la estrategia del gobierno para atender a un sector prioritario de la vida nacional? Debemos entender que no. Y así lo advierten los gremios, los productores agropecuarios, que esperan otras medidas, otras acciones más importantes y de sostenible proyección.

La agricultura familiar, requiere mecanismos urgentes para atender la actual cosecha y proyectar la próxima campaña agrícola, y eso no se hace con paliativos, sino con medidas de largo alcance, con decisiones políticas que tienen sus riesgos, ampliamente justificables.

Conveagro y la Junta de Usuarios de Riego, han hecho llegar planteamientos puntuales al gobierno, para afrontar la emergencia. Lo urgente es atender la cosecha y la comercialización, aplicando protocolos sanitarios para toda la cadena productiva, bono productivo para costear temporalmente el sostenimiento de los cultivos y crianzas, compra de productos agrícolas para las canastas de apoyo social; facilidades en la movilización de los productores en todo el proceso, etc.

Una vez pasada la emergencia cuarentenaria, vendrá la necesidad de hacer viables las propuestas de quienes conocen el campo desde sus entrañas: los productores. Para ello, insistimos, es apremiante decisión política. La advertencia hecha desde los gremios ha sido confirmada por el gobierno que afirma “Se tienen que adoptar medidas económico financieras que ayuden aminorar la crisis económica interna… medidas que, de no adoptarse, podrían afectar la economía nacional de la agricultura”.

Si la banca tendrá acceso a S/ 30 mil millones para “ayudar” a los pequeños empresarios, entre ellos agroexportadores, con créditos garantizados por el Estado, a través del plan Reactiva Perú; la agricultura familiar -esa que lleva a las mesas peruanas el 70% de los alimentos que consumimos, plantea la creación de un Programa de Salvataje por S/ 5 mil millones. Es una demanda que debe ser atendida.

Este monto, cargado al fondo AgroPerú, sería entregado como créditos a pequeños productores y organizaciones asociativas, a través de Agrobanco y las ventanillas del Banco de la Nación, a una tasa de interés de 3% anual. El objetivo es garantizar la instalación, mantenimiento, cosecha y comercialización de productos y crianzas. La propuesta aspira financiar hasta cinco hectáreas de cultivos o su equivalente para crianza y saca de ganado, capitalizando al pequeño productor agropecuario.

Se trata de un mecanismo inusual obligado por la actual circunstancia, que debe ir en paralelo a las propias acciones del gobierno central y regionales, en implementar acciones y garantías, como el seguro agrario obligatorio, para el desarrollo de la actividad agropecuaria que involucra a la tercera parte de la población nacional, y que en el área rural, incluye a los pobres y pobres extremos, que apenas pellizcan algo de los programas sociales, muchos de los cuales navegan en mares de corruptelas que deben ser erradicadas.

El retorno y y sus posibilidades

EL RETORNO Y SUS POSIBILIDADES
Efraín Gómez Pereira

La actual emergencia que se vive el mundo y el Perú, a causa de la pandemia por coronavirus, con registro masivo de contagiados y muertes, genera también problemas económicos y sociales que serán arrastrados por mucho tiempo.

Hay sectores vitales que son afectados con severidad, como la agricultura familiar, que en el país involucra a más de dos millones de unidades productivas gestados por micro y pequeños propietarios.

Los centros poblados rurales, las comunidades campesinas y nativas, forman parte de un foco social y económico aun no considerado por la atención de las autoridades.

El retorno humanitario obligado por la necesidad de miles de provincianos afincados en Lima y otras grandes ciudades, es la evidencia de que las brechas son inmensas, las necesidades diferentes.

Los pueblos del interior vienen acogiendo, previa cuarentena organizada o improvisada en muchos casos, a miles de sus hijos, que en la ciudad capital no la estaban pasando bien.

Despedidos de sus trabajos, sin oportunidad para el comercio ambulatorio, jubilados o pensionistas, jóvenes con sueños y esperanzas cerradas; sin acceso a los bonos ni canastas, menos a los retiros de CTS y AFP, que les son ajenos; han optado por la mejor vía hacia la sobrevivencia: el retorno.

En sus pueblos, lejos de la urbe metropolitana habitada por millones de peruanos de todas las sangres y donde nadie te alcanza un vaso con agua; los “retornantes” tendrán que acomodarse a una nueva realidad que es, en realidad, el retorno a su infancia o adolescencia. A sus orígenes, sus raíces, su cultura, sus costumbres.

Para los más, la agricultura de subsistencia, la crianza de animales menores y vacunos criollos, la vida comunal, el empleo informal y esporádico; serán el escenario productivo que les permita subsistir y, de ser posible, generar ingresos.

Es claro que muchos de estos retornantes van con una gran ventaja, que debe ser evaluada, aprovechada y sopesada. Tienen educación y mejores conocimientos de la realidad, mayor capacidad para la organización y liderazgo, mente abierta, atrevimiento político, manejan redes sociales, que les permitirá, en muchos casos, hacerse autoridades comunales o distritales.

Además, tienen familiares o contactos en Lima, en las grandes ciudades. Estas ventajas sumadas a la sapiencia ancestral, a las tradiciones arraigadas en cada uno de los lugareños, sus padres o abuelos, sus hermanos mayores; será la alianza perfecta que se debe viabilizar para impulsar un gran motor.

El retorno obligado por el coronavirus, puede estar incubando una nueva generación de gestores comunales en los centros poblados y distritos rurales. Hay que mirarlos, acompañarlos y apoyarlos. Ojalá sea así.